La represión en Nicaragua: Un grito de auxilio ante las desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
En Nicaragua se profundiza una práctica sistemática de represión a través de la desaparición forzada. Desde enero de 2024, el régimen de Ortega y Murillo ha intensificado las detenciones arbitrarias sin información a las familias, negando el paradero de las personas y sometiéndolas a un régimen de incomunicación total. Hasta la fecha, al menos 15 personas de la Lista Oficial permanecen en paradero desconocido, y la cifra sabemos que sigue creciendo. Este patrón, que se ha sostenido desde 2018, afecta de manera directa a las familias, quienes viven semanas e incluso meses de incertidumbre, recorriendo estaciones policiales y centros penitenciarios en busca de respuestas. A menudo, las autoridades envían a los parientes de un centro a otro de forma deliberada, intensificando la desesperación. Mientras tanto, las personas desaparecidas permanecen incomunicadas, sin acceso a atención médica, objetos personales o contacto con sus seres queridos una violación flagrante del derecho a la salud, a la comunicación, y a la integridad física y mental.
Los mecanismos internacionales han documentado estas violaciones con claridad. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha denunciado la desaparición forzada, las detenciones prolongadas en condiciones de aislamiento y la negación de garantías básicas como parte de una estrategia deliberada para castigar la disidencia. En diciembre de 2024, representantes de la ONU exigieron que el Estado nicaragüense informe “de inmediato” sobre el paradero de las personas desaparecidas y detenga esta práctica. Por su parte, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó que existen motivos razonables para considerar que estas prácticas constituyen crímenes de lesa humanidad. En su informe más reciente, documentaron cómo estas detenciones, desapariciones, torturas y traslados sin orden judicial se ejecutan con participación activa de instituciones del Estado, incluidos jueces, fiscales y personal penitenciario.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha denunciado la continuidad de las desapariciones forzadas en Nicaragua como una de las formas más graves de violación a los derechos humanos. En su último informe anual alertó sobre la imposición del miedo como política de Estado, la falta de información sobre las personas detenidas y el uso prolongado de la incomunicación para desestructurar los vínculos familiares y sociales. Además, ha otorgado medidas cautelares a personas en riesgo y ha reiterado el llamado a liberar a quienes se encuentran privados de libertad de forma arbitraria.
La más reciente ola de represión tuvo lugar en mayo de 2025, cuando al menos veinte personas fueron detenidas arbitrariamente durante redadas ejecutadas por la Policía Nacional en los departamentos de Matagalpa y Jinotega. Esta redada no solo afectó a personas vinculadas a partidos políticos de oposición, como Ciudadanos por la Libertad, sino que también se dirigió específicamente contra exmiembros del Ejército, tanto en servicio pasivo como activo. Esta persecución contra militares ha venido consolidándose como un patrón, dirigido a silenciar cualquier tipo de crítica o disidencia dentro de las estructuras del Estado. En todos los casos, las detenciones ocurrieron sin orden judicial ni notificación oficial, y en su mayoría sin brindar información sobre los motivos ni el lugar de detención. De las personas detenidas en esa redada, se ha conocido información que doce fueron liberadas días después, mientras que ocho continúan desaparecidas hasta la fecha. En el caso del general retirado Álvaro Baltodano Cantarero, detenido el 14 de mayo, no existen datos oficiales sobre su salud o localización. Información no verificada indica que habría sido condenado por «traición a la patria» con una pena de 20 años.
Frente a este panorama, es urgente continuar documentando cada caso de desaparición, alertar a los mecanismos internacionales y exigir respuestas al Estado de Nicaragua. Llamamos a las familias que aún no han podido denunciar la situación de sus seres queridos a contactarse con el Mecanismo de Reconocimiento al correo mecanismopresospoliticos@proton.me. Su testimonio puede permanecer en anonimato y se protegerá su identidad y seguridad. Sabemos que la represión ha generado un estado generalizado de autocensura, pero también que registrar lo que está ocurriendo es parte de la construcción de justicia y verdad.
La desaparición forzada no sólo priva de libertad a una persona, también busca quebrar el tejido social, infundir miedo y suprimir toda forma de organización o resistencia. Lo que está ocurriendo en Nicaragua ha sido ampliamente documentado y señalado por organismos internacionales. Se trata de un crimen continuado, que requiere acciones urgentes de la comunidad internacional, de los mecanismos de protección regionales y de la sociedad civil organizada. Porque cada persona desaparecida tiene una historia, una familia que espera y una verdad que debe salir a la luz.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua ha realizado llamados incansables, a través de sus publicaciones y listados mensuales en su sitio web, para la liberación de todos los detenidos arbitrariamente, enfatizando la catástrofe humanitaria que esto representa para las familias nicaragüenses.
Descarga la lista de las Personas Presas Políticas de Nicaragua en el siguiente enlace: bit.ly/3TpKQp7
Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.